Los preceptos conceptuales, como el artículo 5 de la Ley de Medio Ambiente, son normas generales que definen conceptos sin regular derechos ni consecuencias jurídicas, y por sí solos no son parámetros de control casacional (incidente 135-CAA-2019). Sin embargo, pueden usarse si complementan una impugnación con suficiente concreción, vinculando el concepto a errores procesales, como la incorrecta apreciación de pruebas. Estas normas deben relacionarse con submotivos específicos para justificar su pertinencia. La casación busca uniformar la jurisprudencia mediante normas de aplicación general.
Cuando los preceptos conceptuales regulan derechos o acciones, como el artículo 891 CC sobre la acción reivindicatoria, pueden invocarse directamente si se denuncia un error en los requisitos del derecho ejercido. Por ejemplo, un recurso puede alegar la aplicación errónea del artículo 891 CC si el tribunal de alzada confirma una reivindicación sin prueba de singularización del bien. Esto implica demostrar un error probatorio que afecta la aplicación de la norma.
La clave es que el precepto conceptual, aunque general, debe concretarse en el caso, mostrando cómo el error del tribunal de alzada impacta el fallo. Por ejemplo, invocar el artículo 5 de la Ley de Medio Ambiente requiere relacionarlo con normas procesales que evidencien errores en la apreciación de pruebas. Esto asegura que la casación cumpla su función de corregir interpretaciones legales erróneas sin limitarse a definiciones abstractas.
Este artículo forma parte del libro “NOCIONES DE CASACIÓN: Aplicación en el ámbito civil, mercantil, laboral, ambiental y de familia”, que será publicado en el año 2025 por la Universidad de El Salvador.
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