La casación civil es un instrumento procesal de carácter extraordinario que permite anular decisiones judiciales que infringen la ley. Su finalidad esencial no es solo corregir errores judiciales, sino también garantizar la correcta aplicación e interpretación de la norma, resguardando la uniformidad de la jurisprudencia y la seguridad jurídica.
Históricamente, la casación surge en Francia como un mecanismo político durante la Revolución, concebido para disciplinar a los jueces y proteger la autoridad de la ley frente a los Parlamentos. Con el tiempo, pasó de ser un medio de control político a convertirse en un dispositivo jurídico de orden constitucional, orientado a velar por el ius constitutiones (interés de la ley), sin dejar de lado el ius litigatoris (interés de los litigantes).
Este desarrollo permitió que la casación asumiera un doble rol: la defensa de la ley y la consolidación de la jurisprudencia uniforme, elementos que hoy se consideran el núcleo de su función. Su naturaleza extraordinaria la distingue de otros recursos procesales, y su vigencia asegura la cohesión del ordenamiento jurídico, la protección de los derechos fundamentales y el fortalecimiento de la estructura estatal.
En El Salvador, la casación se materializa en tres instancias: el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Penal y, de manera particular, la Sala de lo Civil, espacio donde se concentra la aplicación práctica de la casación civil como medio esencial para garantizar justicia y estabilidad normativa.
Este artículo forma parte de la obra “NOCIONES DE CASACIÓN: Aplicación en el ámbito civil, mercantil, laboral, ambiental y de familia”, que será publicada en el año 2025 por la Universidad de El Salvador.
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