La casación civil constituye un instrumento procesal de naturaleza extraordinaria que cumple dos grandes designios: la defensa de la norma jurídica y la unificación de la jurisprudencia. En este sentido, la casación no solo protege el interés de los litigantes (ius litigatoris), sino que también salvaguarda el interés público (ius constitutionis), garantizando que la ley sea aplicada e interpretada de manera uniforme. En esta ocasión, se examina la defensa de la norma jurídica como una de sus funciones esenciales.
Históricamente, la casación nació como un mecanismo político para fortalecer la autoridad del rey frente a los tribunales. Con la Revolución Francesa, evolucionó hacia un régimen objetivo en el que la ley, y no la voluntad del monarca, se convirtió en el centro de la vida jurídica. Bajo esta nueva concepción, la casación adquirió el encargo de defender la correcta aplicación de la ley y sancionar cualquier contravención expresa a su texto. Este proceso marcó el tránsito hacia la nomofilaxis, entendida como la función de garantizar la vigencia de la norma, no solo en su literalidad, sino también en su correcta interpretación. Así, la casación pasó a controlar tanto la aplicación indebida o la inaplicación de la ley, como la interpretación errónea que distorsionara su verdadero sentido.
La nomofilaxis otorga a la casación un carácter constitucional, pues su misión es resguardar la racionalidad del derecho y asegurar que la ley, concebida bajo parámetros de justicia y humanidad, se mantenga como referente del orden social. Aunque en sus orígenes se defendió ciegamente el texto legal, hoy la defensa de la norma implica garantizar que la aplicación e interpretación de la ley respondan a valores democráticos y a la protección de derechos fundamentales. De esta manera, la casación se reafirma como un recurso jurídico esencial para la estabilidad normativa, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del Estado de derecho.
Este artículo forma parte de la obra “NOCIONES DE CASACIÓN: Aplicación en el ámbito civil, mercantil, laboral, ambiental y de familia”, que será publicada en el año 2025 por la Universidad de El Salvador.
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