La casación civil cumple una doble función: proteger el interés público mediante la correcta aplicación de la ley y garantizar la uniformidad de la jurisprudencia. Este último aspecto implica que las decisiones judiciales se mantengan coherentes, brindando seguridad jurídica e igualdad en la aplicación del derecho. El tribunal de casación no solo corrige errores de interpretación, sino que también orienta a los jueces sobre el sentido correcto de la norma, extendiendo sus efectos más allá del caso concreto.
El designio principal de la casación se encuentra en la uniformidad de la jurisprudencia, entendida como un mecanismo para consolidar la confianza ciudadana en la justicia. La defensa de la ley es un presupuesto esencial para alcanzar esa uniformidad, pero no constituye su fin inmediato, pues la función del recurso trasciende a la simple protección normativa. De este modo, la casación se convierte en un instrumento que armoniza la aplicación de la ley con la división de poderes, sin perder su raíz histórica ni su capacidad de control constitucional.
La uniformidad jurisprudencial no es rígida en el tiempo, ya que admite evolución conforme a la realidad social, pero sí se exige en el espacio: en todo el territorio nacional debe interpretarse el derecho de manera coherente. Así, la casación no monopoliza la interpretación de la ley, sino que articula el trabajo de todos los tribunales, fortaleciendo un sistema jurídico horizontal y participativo.
Este artículo completo forma parte de la obra “NOCIONES DE CASACIÓN: Aplicación en el ámbito civil, mercantil, laboral, ambiental y de familia”, que será publicada por la Universidad de El Salvador en el año 2025.
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