La casación civil encuentra uno de sus designios esenciales en la uniformidad de la jurisprudencia, objetivo que no puede comprenderse sin la teoría de la división de poderes. Esta separación, concebida como garantía institucional y constitucional, delimita funciones y evita la concentración del poder en un solo órgano. Aunque históricamente no siempre fue aceptada, la división de poderes se consolidó en la modernidad con el Estado de derecho, en el cual el imperio de la ley, la legalidad de la administración y la protección de derechos fundamentales constituyen sus pilares. La Revolución Francesa marcó un punto decisivo al establecer que una sociedad sin separación de poderes carece de Constitución, confirmando la centralidad de este principio en toda organización política moderna.
La división de poderes no se agota en la clásica concepción horizontal entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que también se manifiesta de forma vertical (entre órganos centrales y descentralizados), histórica-temporal (limitación de mandatos) y lógico-funcional (interpretación y ejercicio de potestades para resguardar el orden constitucional). Incluso, entidades sociales y privadas, como los medios de comunicación, participan en la configuración del poder. Bajo esta visión amplia, la separación de funciones asegura un equilibrio dinámico y evita que cualquier órgano se arrogue potestades que no le corresponden, preservando así el principio democrático.
En este marco, la casación civil no puede concebirse como un recurso subordinado al legislador ni como simple defensa de la ley. Más bien, es un instrumento jurisdiccional autónomo que actúa en coordinación con el orden constitucional, garantizando tanto la correcta aplicación de la norma como la uniformidad de su interpretación. De esta manera, la casación reafirma su carácter extraordinario, evita que la justicia se fragmente y asegura la vigencia del Estado de derecho.
Este artículo forma parte de la obra “NOCIONES DE CASACIÓN: Aplicación en el ámbito civil, mercantil, laboral, ambiental y de familia”, que será publicada en el año 2025 por la Universidad de El Salvador.
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